La llegada de pateras procedentes de la ciudad marroquí de El Jadida desde finales de 2019 ha sorprendido a las autoridades lusas, que advierten del nacimiento de una nueva vía de entrada a Europa
Lisboa | 1 de agosto de 2021
Por primera vez las playas de la región del Algarve, en el sur de Portugal, no fueron noticia por la llegada de turistas británicos con ganas de alimentar las arcas públicas lusas a base de litros de cerveza. Ocurrió a principios de diciembre de 2019: una embarcación con ocho inmigrantes marroquíes alcanzó las costas e hizo sonar las alarmas en el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF). Unos meses más tarde, y tras la llegada de nuevos botes, las autoridades confirmaron el nacimiento de una nueva ruta migratoria entre Marruecos y Portugal por el océano Atlántico. Una vía mucho más peligrosa que los trayectos por el Mediterráneo y cuatro veces más larga que la que separa las islas Canarias, en territorio español, del continente africano.
“Está confirmado que las seis embarcaciones que consiguieron llegar al Algarve partieron del mismo punto geográfico”, explicaron fuentes del SEF al Diário de Notícias, en octubre pasado. Los investigadores se basaron en los vídeos realizados por los migrantes para certificar el recorrido de aproximadamente 400 kilómetros entre la ciudad marroquí de El Jadida y el sur de Portugal, que se puede realizar en un período de entre 40 y 50 horas gracias a las corrientes marinas favorables. En total, más de un centenar de personas ha llegado al país por esta vía desde finales de 2019, según el SEF; la última vez fue en marzo de este año. Una cifra que, sin embargo, se mantiene muy lejos de la registrada en la ruta de las Canarias: más de 23.000 individuos llegaron a las islas españolas el año anterior.
“La GNR aparenta no tener vocación ni capacidad para cumplir con su misión”
Acácio Pereira
El presidente del Sindicato de Carrera de Investigación y Fiscalización del SEF (SCIF), Acácio Pereira, considera que la consolidación de esta ruta se debe a la “incompetencia” de la Guardia Nacional Republicana (GNR) —el cuerpo encargado de vigilar las costas portuguesas—, que no ha sido capaz de anticiparse a la llegada de las embarcaciones. “La GNR aparenta no tener vocación ni capacidad para cumplir con su misión. Los inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos nunca fueron detectados antes de desembarcar en las playas del sur de Portugal”, asegura Pereira a Brújula Global.
La detección de esta nueva ruta coincide con lo señalado en un informe del Sistema de Seguridad Interna portugués, que indica que el país se está asentando como “puerta de entrada y plataforma de tránsito hacia otros países europeos”. Pero a pesar de las advertencias de los servicios de seguridad y de extranjería, el Gobierno luso ha tratado de quitar hierro al asunto. “No debemos caer en el ridículo”, mencionó en junio de 2020 el ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita.
En la misma línea que Cabrita se posiciona la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Un portavoz de la institución resalta que el número de llegadas de personas es todavía muy bajo: “Sería prematuro decir que esto representa una nueva ruta significativa”, apunta. La entidad teme, sin embargo, que “la tragedia pueda golpear en cualquier momento, como lo ha estado haciendo en las diferentes vías hacia Europa por el Mediterráneo” en los últimos años.
Saturación de los CIT
La preocupación no está solo en el posible aumento de llegadas en los próximos meses, sino también en la atención que los migrantes reciben ya en el territorio portugués. La capacidad de los equipamientos destinados a acoger a inmigrantes es limitada, prácticamente nula. Según confirma el propio SEF, actualmente hay cinco centros para alojar a los inmigrantes irregulares que llegan al país, tanto por vía aérea como marítima, con una capacidad para poco más de 100 personas.
“Las medidas que el Gobierno ha tomado hasta ahora son claramente insuficientes”
Acácio Pereira
“Portugal no está preparado para acoger estos inmigrantes ilegales”, destaca el presidente del SCIF. Pereira sostiene que “por culpa del Gobierno” no existen las condiciones adecuadas ni en términos de seguridad, ni de comodidad, ni de humanidad para recibir a las personas mientras se decide sobre su destino en el país. “Las medidas que el Gobierno ha tomado hasta ahora son claramente insuficientes”, agrega.
La falta de medios materiales y de personal ha provocado fugas, altercados y protestas por parte de los inmigrantes retenidos por las autoridades. A mediados de agosto de 2020, 11 personas que fueron internadas durante 60 días en el Centro de Instalación Temporal (CIT) de Oporto —el tiempo máximo permitido inicialmente por la ley— se rebelaron contra los guardias y causaron daños a las instalaciones después de que un tribunal les notificara que debían permanecer en el centro otro mes. Los implicados pasaron a disposición judicial a los pocos días, acusados de los delitos de motín, secuestro, daño calificado y coacción a funcionarios.
Otros 24 inmigrantes fueron trasladados directamente a un cuartel militar en Tavira, en el sur del país, por falta de espacio. Una decisión que levantó las críticas de las ONG y que el Gobierno defendió amparándose en una directiva europea, que especifica que los solicitantes de asilo pueden ser recluidos en cárceles, de forma excepcional, siempre que permanezcan separados del resto de reclusos. A los pocos días, 17 de los 24 internos se fugaron, dos de ellos con positivo por covid-19. Las autoridades detuvieron a 16 de ellos días después, uno en España; la persona restante continúa en paradero desconocido.
Varios internos estuvieron en huelga de hambre para reclamar asistencia médica o contactar con sus familiares
El SEF atribuye el uso de cuarteles militares a que la capacidad de sus equipamientos está “condicionada”, según destaca, pero insiste en que “están garantizadas todas las condiciones necesarias para la permanencia digna en lo que respecta a las necesidades básicas de higiene, alimentación, descanso, asistencia médica o contacto telefónico con familiares”. Algo que contradicen los internos, algunos de los cuales estuvieron varias semanas en huelga de hambre para denunciar que el servicio de extranjería les negaba el derecho a asistencia médica o a contactar con sus familias, reportó el Diário de Notícias.
Políticas de inclusión necesarias
El Gobierno se encuentra negociando desde hace meses un “programa de migración legal” con Marruecos, según anunció el propio ministro Cabrita a principios de octubre. Sin embargo, todavía existe un camino importante por recorrer en políticas de inclusión. Cristina Santinho, profesora del Instituto Universitario de Lisboa y experta en políticas de integración y asilo, resalta las carencias del sistema de acogida. “Hay una política de apertura pero no hay una verdadera inversión para recibir a los que llegan”, detalla.
Santinho opina que los técnicos institucionales están poco formados: “Existe una deshumanización de los procesos a nivel burocrático que trasladan toda la labor integradora al voluntarismo y a la solidaridad informal”. Considera, además, que la solución a medio plazo no pasa por construir más centros, tal y como ha prometido el Gobierno, sino en desarrollar una política integradora que garantice la autonomía económica de los recién llegados y les haga sentirse parte de la sociedad de acogida.
